Las instituciones transparentes con mecanismos sólidos de integridad y gobernanza son cruciales para asegurar la eficiencia y la rendición de cuentas del gobierno, fortalecer el Estado de Derecho y consolidar el desarrollo social y económico de un país. En Chile, una serie de casos de corrupción de finales de 2014 socavó la confianza pública en las instituciones del país y subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo su legislación para prevenir de forma adecuada conflictos de interés, tráfico de influencias y otros tipos de corrupción en y entre las empresas, la política y la función pública. El país lanzó una Agenda de Probidad y Transparencia robusta e integral en 2015. En este contexto, y siguiendo el compromiso con el desarrollo institucional, en 2015, Chile y el BID se asociaron para financiar el Programa de Apoyo a la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile I y II (CH-L1110 and CH-L1111)— dos programas consecutivos— con el fin de fortalecer el marco legal e institucional para la integridad y la transparencia, contribuyendo a la implementación de un subconjunto de las 35 medidas incluidas en la Agenda.

Al terminar el proyecto, Chile había implementado con éxito 14 iniciativas legislativas y administrativas acordadas con el BID, que incluían el fortalecimiento del sistema para impedir y sancionar conflictos de intereses, promover la integridad de los funcionarios públicos y la transparencia en el sistema de carrera profesional en la función pública. Para el final del proyecto, el 94% de las autoridades y los funcionarios obligados a declarar, realizaron y entregaron su declaración de patrimonio e interés.

Los programas también contribuyeron a incorporar el delito de corrupción entre personas privadas en la legislación nacional por primera vez y a aumentar las penas por corrupción y soborno en el ejercicio de la función pública. De igual manera, contribuyeron a promover conductas éticas entre la ciudadanía. Al final del proyecto, el 79% de establecimientos educacionales de nivel básico y medio implemetaron un Plan de Formación Ciudadana. 

Por último, colaboraron con la puesta en marcha de una legislación para mejorar la transparencia en el sistema de partidos políticos y fortalecieron las funciones de supervisión de las instituciones responsables de administrar y regular las actividades electorales. Para más información sobre los resultados en el marco del programa y las lecciones aprendidas de su implementación, consúltese el Informe de Terminación del Proyecto.